El dinero y los planes que prometió el kirchnerismo de San Luis están vigentes y podrá entregarlos después del 14 de noviembre
El pronunciamiento “ve con agrado” la resolución de la Justicia Federal y deja en claro que el Gobierno puntano “dentro de 20 días” podrá seguir con los planes lanzados en las últimas semanas en medio de la campaña.
El Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio y la Fundación Bases Republicanas se expidieron luego de que el juez Federal, Juan Maqueda diera luz verde a la presentación para evitar que el kirchnerismo desde el Gobierno provincial avanzara con el uso de fondos del Estado para favorecer la campaña del Frente Fuerza San Luis.
En un comunicado difundido hoy expresaron en primer lugar que “ven con agrado” que el juez hiciera lugar a la medida cautelar para impedir que ocurra “una vulneración de los derechos políticos de los ciudadanos” porque se “podría atentar contra el derecho a elegir libremente a sus representantes, considerando que nos hallamos ante una inminente elección y sin perjuicio de los resultados que arroje la investigación en los términos del art. 146 y ss. del Código Electoral Nacional, podrían existir condicionamientos a los votantes de nuestro país”.
En segundo lugar destacaron que “si realmente el kirchnerismo está interesado en reparar el daño causado en los habitantes de la provincia de San Luis por la implementación de las políticas públicas actuales, dentro de 20 días, dentro del marco legal vigente en la república, podrá implementar políticas públicas destinadas al crecimiento y desarrollo de la provincia”.
De esa manera dejaron en claro que no pidieron prohibir definitivamente el reparto de subsidios, préstamos, créditos y microcréditos anunciados por el gobernador Alberto Rodríguez Saá para revertir el revés de las PASO y ganar las elecciones.
Traducido: el juez Federal suspendió hasta las elecciones la entrega de dinero y los otros planes económicos. Es decir que a partir del 15 de noviembre el Gobierno de San Luis puede avanzar con todo lo prometido en las inscripciones y acreditar tanto la la plata como los bienes a quienes se interesaron y se anotaron.
No se atacaron los beneficios. Se cuestionó la intencionalidad política electoral.
Desde el Gobierno de Rodríguez Saá lanzaron en las últimas horas una ofensiva culpando a Claudio Poggi por la resolución judicial. El juez lo que hizo es impedir que se cometan irregularidades.
“Luego de los delitos electorales cometidos por la administración kirchnerista que encabeza el gobernador Alberto Rodríguez Saá, el Comité presentó una serie de denuncias en el Juzgado Federal de San Luis, el Juez nos dio la razón”, señalaron Patricia Bullrich y Jimena de la Torre en el comunicado.
“Hoy San Luis podrá elegir con mayor libertad. Para poder construir una sociedad mejor, si queremos que nuestros hijos no se vayan, si queremos recuperar el trabajo y la educación, debemos combatir estos delitos”, sostuvieron en el pronunciamiento y consideraron: “No podemos permitir que el origen de la representación ciudadana sea mediante elecciones que violen el Código Electoral vigente”
“El juez les dijo basta de delitos, dejen de usar la plata de los sanluiseños para intentar ganar una elección. Si están preocupados por la gente, si entendieron el mensaje del pueblo, a partir del 15 de noviembre hagan lo que tengan que hacer para cambiar esta realidad que ustedes mismo han generado. No vamos a construir una sociedad mejor si los corruptos siguen haciendo lo que quieren”, aseveraron Bullrich y De la Torre.